Plataforma de Afectados por la Hipoteca Leganés

Sí se puede!

Moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés a nuestro favor.

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MOCION PARA LA SANCION DE LOS INMUEBLES PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS PROPIEDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS Y LA SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS EN NUESTRO MUNICIPIO

 

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal. Está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se recoge expresamente en numerosas convenciones internacionales sobre el derecho a la vivienda de mujeres, niños, pueblos indígenas, refugiados y población migratoria; en la Declaración de Vancouver de 1976; en la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000; en la Declaración de Estambul de 1996; en la Declaración de la Cumbre del Milenio; en el actual Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos (ONU-Hábitat), en la Carta Social Europea y el Artículo 47 de la Constitución española .

 

La pregunta que surge espontáneamente tras leer el artículo 47 de la Constitución es la siguiente: si todos los españoles tienen derecho a disfrutar  de una vivienda digna y adecuada, si los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, si la utilización del suelo debe ser regulada de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, si la comunidad puede participar en las plusvalías que genera la acción urbanística de las entidades  públicas, entonces ¿cómo es posible que la situación real contradiga de forma tan manifiesta el contenido de lo que establece la Constitución?

 

La actual crisis ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su hogar.

 

Su traducción social han sido miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.

 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre del 2013, en el Estado Español, se han llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según los últimos datos del poder judicial, en España hay actualmente 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras.

Nos encontramos, por tanto, ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Tal y como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se ve agravada por el hecho que el Estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13’7% del parque total (3 millones y medio de pisos según el último censo de vivienda de 2011) y con un parque social de viviendas claramente insuficiente, menos de un 2% de la vivienda existente.

 

El contexto descrito y la situación de emergencia en la que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recurrir a ellas.La vivienda es uno de los elementos que determina la integración o exclusión de las personas o familias.  No se puede estar cometiendo violaciones de derechos humanos al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativas de alojamiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 de Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos degradantes o inhumanos. El artículo 8 prohíbe, entre otras cuestiones el acceso al domicilio familiar por parte de las autoridades cuando la medida es desproporcionada a los fines perseguidos dentro de un contexto de sociedad democrática.

 

Cuando hablamos de una vulneración de derechos fundamentales, todas las administraciones tienen competencias para intervenir. Los ayuntamientos son la primera administración a la que acude una persona, que se ve en una situación de vulneración de un derecho, en una situación de emergencia habitacional como la que se vive en el Estado Español, es necesario que los ayuntamientos tengan voluntad política de encarar el problema de frente y aplicar soluciones.

 

En nuestro municipio la única ayuda que se proporciona a familias con problemas hipotecarios o problemas de alquiler es una paga única por valor de 900 euros.

 

La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable de la estafa inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea esperando que el precio del mercado vuelva a elevarse, o bien porque se encuentran en venta o con un alquiler de precios inaccesibles para parte de la población. El resultado son millares de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución Española (CE) ha de cumplir el derecho de propiedad.

 

Gran parte de estas entidades financieras han estado, de una manera u otra, rescatadas con dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno del estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),  y del traspaso de activos al denominado “banco malo”, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Paradójicamente, sin embargo, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han conllevado ninguna contrapartida social.

 

Aquí también debemos de mencionar la venta de las 3000 viviendas públicas de IVIMA. El IVIMA ha empezado a vender viviendas actualmente ocupadas a empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria, estando detrás de toda esta operación el fondo de inversión “Goldman Sanch”, con esta venta la Administración incumple con claridad el artículo 47 de la Constitución Española, sin que en absoluto esté claro el destino de las familias que viven en esos hogares. En Leganés concretamente la venta de pisos se ha producido en el barrio de Arroyo Culebro, con viviendas construidas en terreno publico.

 

Nos parece también una falta de sensibilidad la política antisocial que está llevando EMSULE con la puesta en venta de cerca de 200 viviendas, cuando la situación económica actual hace prever que un alto porcentaje de esas viviendas seguirán sin ser adjudicadas al no obtener los adjudicatarios la financiación necesaria. EXIGIMOS que dichas viviendas se proporcionen para cubrir las demandas y necesidades de las familias más vulnerables en nuestro municipio.

 

La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración que posibiliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se ven excluidos. Dada la gran cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de entidades financieras, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). Fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y penalizar, si fuera necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos en mano de la administración para dar respuesta a la vulneración del derecho.

 

Ante los intentos del gobierno central de vaciar de competencias a las administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población. Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las

Propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.

Mientras los distintos gobiernos sigan apoyando y dando cobertura a los corruptos y especuladores nos tendrán en frente por la defensa de nuestros derechos. 

 

Los antecedentes descritos exigen la redacción de la presente resolución y la Aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno municipal:

 

Primero.- Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales en base a la legalidad y competencias y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional. El artículo 3 del Código Civil, establece que las normas se han de interpretar de acuerdo al contexto de la realidad social en que se apliquen. Un contexto, caracterizado por una situación de emergencia habitacional.

Segundo.- Paralización de los desahucios en nuestro municipio:

Posicionamiento del Ayuntamiento en la resolución del problema de la vivienda, en virtud del artículo 47 de la CE, adoptando medidas como las ya tomadas en otros municipios del Estado:

 

–       No intervención de la policía local en los desahucios en nuestra                          localidad.

–       Compromiso del ayuntamiento de presionar a las entidades bancarias con todas las herramientas a su alcance (retirada de cuentas de entidades bancarias, etc.)

–       Facilitación de garantías a los propietarios de inmuebles vacíos sobre el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos.

–       Impulso de políticas de fomento de la rehabilitación de viviendas en mal estado.

–       Posibilidad de ceder los inmuebles a la Administración Pública para que los gestione en régimen de alquiler social.

–       Adopción de medidas de carácter fiscal, tanto incentivadoras como penalizadoras, para favorecer la salida al mercado  de las viviendas desocupadas.

–       Modificación del régimen de plusvalías (regulación municipal) que exima a los propietarios que hayan tenido que entregar su vivienda en dación en pago. Negociación de las Plusvalía en los casos de desahucio con los Notarios para que estas repercutan en los dueños de las viviendas ya sean Bancos, Empresas o particulares y no en los afectados que se verían de nuevo presionados para el pago de las mismas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, o plusvalía, se abona cuando un inmueble cambia de titular. De este modo, se da el caso de que una familia que pierde su casa por un proceso de desahucio debe pagar  al traspasarla al banco, a pesar de no haber obtenido ninguna ganancia.  En los casos de dación en pago, la plusvalía deberá ser abonada por el banco, mientras que en las ejecuciones hipotecarias será subvencionada por el propio Ayuntamiento, en el caso de no llegar a un acuerdo con la entidad correspondiente, siempre que se trate de la vivienda habitual y de la única propiedad de la familia.  La aprobación de esta medida es la garantía de que, en los casos de desahucio por ejecución hipotecaria de la única vivienda de una familia, ésta no tendrá que soportar cargas añadidas a las ya terribles de tener que abandonar su residencia.

–       Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda con la Creación de un parque público de viviendas vacías que están en manos de los bancos en nuestro municipio y en el poder de EMSULE para ser dirigidas a la solución de la emergencia habitacional con alquileres sociales.

–       Recuperación de todas las viviendas públicas vendidas en nuestro municipio a fondos de inversión, que utilizan estas viviendas, construidas con fondos y sobre terrenos públicos, para obtener beneficios económicos desvinculándose del objetivo con el que fueron construidas.

–       Luchar contra la privatización y desaparición de las empresas públicas de vivienda que, de llevarse a cabo, condenaría a los sectores más vulnerables de la sociedad y a la ciudadanía en general a no tener, nunca, un acceso a una vivienda de alquiler social.

–       Prohibición del sorteo como método de adjudicación de las viviendas públicas de primera necesidad y medidas paliativas especiales destinadas a los colectivos con más urgencias, en concreto las familias con orden de desahucios o familias Monoparentales .

 

Tercero.- Elaborar y aprobar Programas de Inspección. Creación de un grupo de trabajo compuesto por portavoces de los diferentes movimientos sociales y políticos y las asociaciones de vecinos con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas. .Desarrollando un registro de viviendas vacías en el municipio.

Esta tarea se puede hacer a través del cruzamiento de datos en disposición de la administración y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la administración.

 

Leganés a 25 de junio de 2014

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