Plataforma de Afectados por la Hipoteca Leganés

Sí se puede!

Moción Federación de AAVV de Leganés con exigencias de la PAH.

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La Federación de AAVV de Leganés, en virtud del artículo 209 del Reglamento Orgánico Municipal y del 6.2 y 6.3 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, eleva la siguiente propuesta de moción al Pleno Ordinario de la Corporación Local que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, y solicita intervenir ante el mismo para la defensa de los intereses y derechos de las vecinas y vecinos, exponiendo la necesidad de que el Ayuntamiento Pleno adopte estas medidas.

Preámbulo: el crecimiento de las ocupaciones en precario como consecuencia de los desahucios y la ausencia de alternativa habitacional.

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, los desahucios no han dejado de aumentar: desde 2007 se han iniciado más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria, que en la inmensa mayoría han terminado con la pérdida de la vivienda. Una ley hipotecaria anacrónica e injusta y la inexistencia de un parque de vivienda pública que garantice el derecho a vivienda, han dejado durante estos años a cientos de miles de familias en la más absoluta indefensión, con una deuda de por vida en muchos casos, y en la calle.

Una ley de arrendamientos también injusta trae durante la crisis otra consecuencia desoladora: 400.000 desahucios por no poder pagar el alquiler.

El precio de los alquileres sigue estando por encima de las posibilidades de miles de familias, y más si tenemos en cuenta distintas causas para no poder acceder a él, como las personas sin papeles, paradas, los 700.000 hogares que según el INE no cuentan con ingreso alguno o las familias que arrastran deudas impagables como las hipotecarias. Para todas ellas el acceso al mercado del alquiler es imposible.

España es, en definitiva, un cementerio de la especulación, con 3,5 millones de viviendas vacías, miles de millones de dinero público para rescatar a la banca y los beneficios privados de las élites inversoras, y sin soluciones reales para la gente que cada día se enfrenta el reto de conseguir un techo.

Muchas medidas caminan en dirección contraria, como la venta de vivienda pública a fondos buitre. Desde la PAH –ciudadanía organizada- luchamos por nuestros derechos, los Derechos Humanos, y hemos parado en estos años miles de estos desahucios. Llevamos 6 años exigiendo a la Administración un aumento del parque público de vivienda como herramienta para garantizar el derecho a vivienda de la ciudadanía. La vivienda no puede ni debe ser un producto más de mercado en manos de empresas y bancos, que usan un derecho y necesidad básica como el de nuestro lugar donde vivir para hacer negocio.

La legislación actual nos deja indefensas, por lo que nos vemos obligadas a buscar soluciones desesperadas. Por eso, de manera organizada con la Obra Social de la PAH, la ciudadanía hemos realojado a más de 2.500 personas recuperando viviendas de manos de los bancos que han sido rescatados con dinero público. Pero son muchísimas más las que en soledad optan por la ocupación en precario como única forma de evitar quedarse literalmente en la calle, familias enteras que se enfrentan a una situación de desamparo por parte de la justicia y las administraciones por no poder pagar por algo tan básico como un techo bajo el que vivir.

Como cada septiembre, la Fiscalía ha hecho públicas las cifras sobre las diligencias abiertas en el último año. En el lenguaje legal a la recuperación de viviendas le llaman “delito de usurpación”. En 2014 el Poder Judicial abrió 19.336 diligencias por este motivo, un 188,73% más que en 2010, que refleja en la mayoría de casos el drama de personas que se encuentran sin alternativa habitacional y sin respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas. Familias que no han tenido otra opción que recuperar viviendas vacías para poder hacer efectivo su derecho a tener un techo y a las que en lugar de brindar soluciones, se criminaliza y condena a pasar por un proceso penal, muchas veces con un nuevo desahucio y la injusta e ilegítima exclusión total por parte de muchas administraciones.

Dada la gran cantidad de población en nuestro municipio con graves problemas de vivienda y necesidad habitacional, y dada la falta de recursos públicos para hacer frente a ello, resulta más que urgente movilizar las fuerzas sociales y políticas para defender, fomentar y garantizar la función social de la vivienda. Con esta moción, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés lleva a esta Corporación municipal la exigencia de la PAH Leganés del compromiso político de todos los grupos políticos que forman parte del Pleno, y especialmente del Gobierno Municipal, por escrito, para hacer que se cumpla y se respete esta moción y las anteriores aprobadas por el Ayuntamiento Pleno para abordar esta problemática (como la aprobada el 25 de junio de 2014).

Pedimos una posición firme a todos los partidos en materia de vivienda, para defender la autonomía municipal y movilizar todos los recursos disponibles para satisfacer las necesidades habitacionales de nuestra población.

Por todo lo anterior, se propone al Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de los siguientes ACUERDOS

1. Emprender medidas urgentes en el municipio en base a las competencias y recursos municipales, así como todas las alternativas viables que puedan emprenderse, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población, y en especial, hacer frente de manera urgente a las situaciones de emergencia habitacional que sufren numerosos vecinos y vecinas en Leganés.

2. Retomar la Comisión Anti-Desahucios, que se reunirá mensualmente de manera ordinaria, y cuando fuese necesario de manera extraordinaria, con la participación de todos los grupos políticos y representantes de los movimientos sociales y asociaciones vecinales, con el fin de trabajar de manera más ágil, directa y transparente, en la búsqueda de soluciones reales y rápidas para tod@s l@s afectad@s en nuestros barrios.

3. En virtud del artículo 47 de la CE, el Ayuntamiento Pleno y el Gobierno municipal se comprometen a aplicar todas las medidas legales y herramientas alternativas a su alcance, para –en defensa del interés general de las vecinas y vecinos- presionar a las entidades bancarias y sus inmobiliarias que amenazan con desahuciar a personas sin alternativa habitacional alguna a negociar soluciones.

4. El Ayuntamiento pondrá en marcha todas las medidas y herramientas a su alcance para paralizar los desahucios en nuestro municipio, comprometiéndose a que la Policía Municipal no intervendrá en los Desahucios, estableciendo un protocolo con los juzgados para tener la información de los procedimientos que llegan al mismo desde el principio, y con el trabajo a través de la Comisión Anti-Desahucios para conseguir alternativas y soluciones.

5. Asistencia jurídica básica a las personas afectadas, atención integral desde Servicios Sociales para la tramitación de todas las ayudas y prestaciones que existen –sin discriminación por la situación habitacional en la que se encuentren u otros motivos-. Compromiso de una adecuada atención e información a todas las personas sobre el catálogo de ayudas y recursos disponibles: no pueden sobrar fondos en las partidas presupuestarias para determinadas ayudas, como ha sucedido en los últimos ejercicios, cuando hay mayor demanda y necesidad por parte de nuestra población. Compromiso de mantener los servicios sociales y ayudas municipales y mejorar el presupuesto a partir del próximo ejercicio.

6. Elaboración y aprobación de un Plan Municipal de Vivienda en 2016 que: a. contemple la creación y desarrollo de un registro de viviendas vacías que están en manos de bancos y cajas intervenidos con dinero público. b. tome medidas fiscales y legales para que las viviendas que se encuentran en situación de permanente desocupación sean puestas en alquiler, en particular las que acumulan bancos, cajas e inmobiliarias. c. facilite garantías a las personas propietarias que tienen algún inmueble vacío para el cobro de las rentas y reparaciones de desperfectos para fomentar que pongan esas viviendas en alquiler. d. impulse políticas de fomento de la cesión de viviendas a la Administración Local para que sean gestionadas en régimen de alquiler social. Se promueva una política de alquiler social a través del EMSULE, empezando por la tramitación de los pasos necesarios ante la Comunidad de Madrid y el Ministerio para que las viviendas vacías en el PP5 que no han sido vendidas, tras varios sorteos, pasen a ser viviendas protegidas en régimen de alquiler y se pongan a disposición para solventar los casos de emergencia más urgentes y graves; invirtiendo parte de sus beneficios en el fomento de pisos en régimen de alquiler sostenible, y ampliando el parque de vivienda pública de alquiler en las futuras promociones y por cualesquiera otras herramientas y mecanismos que puedan desarrollarse desde EMSULE para garantizar la función social de la vivienda y el derecho a vivienda de nuestra población.

7. Modificar el régimen de Plusvalías, eximiendo a las viviendas entregadas por Dación en Pago para que no se repercuta a las personas afectadas que han perdido su casa, repercutiéndolo en su caso a los bancos, cajas, empresas, etc. que se quedan con la vivienda en cuestión.

8. El Ayuntamiento se compromete a realizar todas las gestiones necesarias para la recuperación de las viviendas públicas vendidas a fondos buitres y otras empresas privadas, a luchar contra la privatización de la vivienda pública y la progresiva disminución del patrimonio municipal y desaparición de terrenos municipales.

Mediante la aprobación de esta moción, este Ayuntamiento-Pleno y su Junta de Gobierno Local se comprometen a trabajar por el cumplimiento de este acuerdo.

En Leganés, a 15 de Octubre de 2015

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