Plataforma de Afectados por la Hipoteca Leganés

Sí se puede!

VIVIENDA SOCIAL PARA EMERGENCIA HABITACIONAL

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Desde la PAH Leganés, denunciamos que el Ayuntamiento de Leganés ha impedido el derecho
de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos, mediante un blogueo que lleva al disparate
de tener más de cien viviendas públicas vacías en estos momentos, todas ellas construidas por
el EMSULE con recursos de todos los vecinos y las vecinas de Leganés.
Esta actitud ha supuesto retrocesos sociales injustificados e incluso, discriminatorios,
demostrado una falta de voluntad política y desconocimiento total de la emergencia
habitacional por la que atraviesa nuestro pueblo. La desprotección y la eliminación de las
ayudas sociales dirigidas a colectivos de bajos recursos es una práctica generalizada en este
gobierno municipal, en lugar de la puesta en marcha del compromiso en materia de DDHH que
se aprobó en pleno municipal, que actualmente ya se encuentra olvidado en algún cajón de
cualquier despacho de este Ayuntamiento.
En Leganés se vienen produciendo una media de tres desahucios diarios por ejecuciones
hipotecarias, de alquiler, de ocupación o del IVIMA, estas últimas como consecuencia de la
venta de viviendas públicas a fondos buitres.
Hoy queremos ponerles cara a esos vecinos y vecinas que comparten con nosotros su día a día
y que sus hijos van a los mismos colegios que los nuestros. Valga como ejemplo los siguientes
casos, que son solo algunos de los muchos que existen:
– Desy, una mujer con un menor a su cargo, solicitante de vivienda social, tanto en
Leganés como en la comunidad de Madrid.
– Mónica, actualmente parada, por lo que no puede hacer frente al alquiler privado de
su vivienda. Tiene un hijo con parálisis cerebral que necesita unos tratamientos
médicos específicos muy costosos. También tiene solicitada vivienda social en las dos
instituciones.
– Huria, separada y con tres hijos en una semana se procederá a su desahucio.
Recientemente despedida de su trabajo, es solicitante asimismo de vivienda social en
las dos sitios, Leganés y Comunidad de Madrid. – Ana, su marido y su hija, residen en un piso de alquiler, propiedad de una inmobiliaria.
Su desahucio fue parado en los juzgados dos veces, tras aportar documentación
acreditativa de solicitud de vivienda social al Ayuntamiento y la CAM.
Todas estas personas, previamente han sido valoradas por los servicios sociales, demostrando
su vulnerabilidad ante los mismos, y abriéndoseles expediente de seguimiento por servicios
sociales.
A esto hay que sumar cientos y cientos de jóvenes y personas más mayores que, debido al
paro y la precariedad en el empleo, no tendrán otra forma de acceder a una vivienda que no
sea a través de la concesión de una vivienda social.
Desde la PAH de Leganés, hemos denunciado con encierros, concentraciones, etc., la situación
de emergencia habitacional en nuestro municipio, así como la falta de voluntad política de este
Ayuntamiento para dar un paso adelante en la función de la gestión competente vivienda
social de este municipio.
Una vez más tendremos que ser el conjunto de la ciudadanía quien, a través de la presión y la
lucha social, exijamos a este Ayuntamiento la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda,
donde se defina, mediante estudios psicológicos y encuestas específicas, las necesidades
concretas de nuestros vecinos en el municipio; y la puesta en marcha de los recursos para
satisfacerlas a través del patrimonio municipal, es decir, esas más de 100 viviendas sociales
vacías.
Ante el agravamiento de emergencia habitacional, no vamos a permitir que el Ayuntamiento
continúe mirando para otro lado. Hay una emergencia social y económica, siendo el
Ayuntamiento la principal Administración más cercana al pueblo con poder suficiente para
empezar a colaborar en las sencillas soluciones mentadas. Como parte de esta campaña,
vamos a iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en la cual exigiremos medidas a corto
plazo medidas frente a desalojos inminentes.
Desde la PAH de Leganés pasamos a la ofensiva, llevamos más de tres años dirigiéndonos al
Ayuntamiento para que entiendan que, además de ser un derecho constitucional, el derecho a
una vivienda digna es un derecho humano, internacionalmente consagrado en el artículo 25 de
la Declaración Universal de la Carta de los Derechos Humanos.

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